El Tribunal Constitucional acaba de anunciar la anulación de la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades que fijaba un mínimo de un 23% para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de euros y considera que la tramitación de esta norma por la vía del Real Decreto-Ley no se ajustaba a la Constitución.
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