Tanto CCOO y UGT como CEOE y CEPYME ante las consecuencias del COVID-19 en el tejido empresarial y sus trabajadores, han propuesto al Gobierno dictar un Real Decreto-ley que garantice la debida protección de dichos empleados y, a su vez, se eviten consecuencias irreversibles para el empleo de nuestro país. Un artículo de nuestra compañera Silvia Palacios, abogada de Derecho Laboral y de Empleo en EJASO ETL Global.