Ejecución hipotecaria ¿Qué es?
Una ejecución hipotecaria es un procedimiento legal que permite a un acreedor cobrar una deuda impagada a través de la venta de una vivienda hipotecada. En España, este proceso está regulado y conlleva trámites específicos para garantizar la transparencia en la venta del inmueble.
Quien suscribe un contrato hipotecario se compromete a hacer frente al pago de unas cuotas bajo condiciones concretas. Ante un posible incumplimiento, el acreedor, normalmente el banco o entidad financiera con el que se firmó la hipoteca, tiene ciertos derechos sobre la vivienda hasta su pago. Sin embargo, existen múltiples mecanismos y coberturas sociales en España que buscan ofrecer amparo a los propietarios en casos de insolvencia por parte del hipotecado.
En este sentido, el desarrollo de una ejecución hipotecaria no es irreversible ni insalvable. Si el proceso se ha iniciado, se podrá recurrir a unas medidas conciliadoras que, habitualmente, interrumpen la ejecución. Estos procedimientos también son habituales y buscan restaurar la normalidad entre acreedores y deudores.
A continuación trataremos de profundizar en los aspectos clave y de mayor interés en relación con las ejecuciones hipotecarias: inicio del procedimiento, plazos establecidos y distintas opciones para detener el proceso. Sigue leyendo para conocer estas situaciones al detalle.
¿Cuándo se inicia una ejecución hipotecaria?
Legalmente, el procedimiento de ejecución hipotecaria en España solo podrá comenzar cuando el deudor ha incurrido en impagos que van desde doce hasta quince mensualidades. A partir de entonces, el banco o entidad financiera tiene la potestad de iniciar este proceso en el que reclamará el pago de cuotas atrasadas. El impago de estas cuotas genera, además, intereses de demora que suelen exceder el 20%, a los que el deudor también debe hacer frente.
Si el deudor no responde a este proceso ni le pone freno, el siguiente paso sería su desahucio y la subasta del inmueble. Es importante destacar que la legislación establece un proceso regulado y transparente para asegurar una subasta justa del inmueble, cumpliendo con los trámites estipulados.
Los hidrocarburos de uso común afectados por este impuesto son, por ejemplo: la gasolina, el diesel o gasóleo, el butano y propano (gases licuados del petróleo) o el gas natural, entre otros. Las alternativas de origen vegetal como el bioetanol o el biodiesel también están gravadas con este impuesto.
¿Cómo paralizar una ejecución hipotecaria?
Ante el inicio de un procedimiento de ejecución hipotecaria, el inquilino o propietario deudor tiene diversas opciones para detener dicho proceso. A continuación, detallamos las soluciones más habituales para evitar esta circunstancia:
- Pago de las cuotas debidas: el banco reclamará extrajudicialmente las cuotas atrasadas tan pronto detecte la primera mensualidad sin pagar. El propietario podrá ponerse al día siempre y cuando no se excedan las cuotas límites para iniciar la demanda. Una vez iniciado el proceso de ejecución hipotecaria es posible que también se dé opción al hipotecado a saldar la deuda; sin embargo, los intereses generados pueden ahondar significativamente la misma.
- Renegociación de la deuda con el banco: una solución habitual para estos procedimientos es contactar con la entidad financiera para negociar un acuerdo de reestructuración de la deuda. Estas negociaciones suelen conllevar un aumento de plazo con disminución de las cuotas, una rebaja en los intereses o cambios de condiciones de diversa índole.
Protección legal ante una ejecución hipotecaria
Actualmente, la legislación contempla diversos mecanismos de protección relacionados con la paralización de desahucios, la insolvencia ante deudas y otras situaciones de indefensión al respecto. Cabe destacar los siguientes establecidos especialmente para ciudadanos que puedan encontrarse en estas situaciones:
- Código de buenas prácticas: numerosas entidades financieras se han adherido a este código de manera voluntaria. El código establece un protocolo para familias sin recursos o en malas condiciones económicas. En este se establece una reestructuración hipotecaria con disminución de intereses e incluso la posibilidad de ofrecer una quita sobre la cuantía final.
- Ley de la Segunda Oportunidad: esta ley aplica sobre cualquier tipo de deudas que pueda haber contraído una persona concreta, entre la que puede encontrarse un préstamo hipotecario. Según la misma, un deudor podrá recurrir a ella cuando su situación sea insalvable y se demuestre su insolvencia. En contraprestación, el ciudadano tendrá que ceder todo su patrimonio, excepto aquel que le permita desempeñar su actividad profesional.
- Reclamación de Cláusulas Abusivas: La jurisprudencia española revisa constantemente cláusulas abusivas y ha establecido un catálogo que recoge estas figuras en torno a los préstamos y contratos hipotecarios. La presencia de este tipo de cláusulas puede ser motivo de demanda y conllevar la devolución de ciertas cantidades al propietario. En el caso de que se iniciara un proceso de ejecución hipotecaria y el deudor detectase alguna cláusula abusiva debe ponerlo en conocimiento del juez. En estos casos es posible que se declare la nulidad del proceso e incluso el banco sea obligado a reembolsar ciertas cantidades al propietario.
En resumen, las cuestiones relacionadas con las deudas hipotecarias son complejas y su resolución requiere un análisis especializado. Antes de firmar un contrato de estas características es recomendable prestar atención a las condiciones establecidas ante escenarios desfavorables.
En cualquier caso, una vez inmerso en un proceso de ejecución hipotecaria o reclamación de deuda por la vía legal, es recomendable recurrir a profesionales. El trabajo de una firma de abogados experta puede ser diferencial y cambiar significativamente el rumbo de la situación.
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