En el complejo escenario de los procedimientos de extranjería, uno de los retos más significativos al que se enfrentan empresas y extranjeros es la obtención de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial. Este procedimiento, imprescindible en muchos casos para poder contratar a empleados extracomunitarios que no residen en España, se ve obstaculizado por un desesperante laberinto burocrático. El resultado es que muchos empleadores desisten de iniciarlo, otros fracasan en el intento, y los que lo consiguen, es después de muchos meses.
Para obtener esta autorización se debe navegar a través de un proceso que implica varios organismos: las oficinas de empleo, las Oficinas de Extranjeros, los consulados de España, y, por último, las comisarías de policía. Y en Catalunya, además, interviene el “Departament de Treball de la Generalitat”.
Este entramado, sumado a veces a criterios restrictivos distintos según la provincia del centro de trabajo, multiplica esfuerzos, consume recursos innecesarios, y dilata tiempos de espera.
Los plazos reales de resolución de estas solicitudes varían significativamente entre provincias. En Barcelona y Madrid, por ejemplo, pueden extenderse mucho más allá de lo razonable; llegando a ser de hasta aproximadamente seis meses.
Esta lentitud contrasta marcadamente con la agilidad mostrada en los procedimientos para profesionales altamente cualificados, nómadas digitales, inversores, emprendedores, y otros colectivos considerados estratégicos; cuyas autorizaciones son gestionadas por la “Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos” en un plazo aproximado de un mes. La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial, por su importancia para mucha pequeña y mediana empresa, merece el mismo trato.
La inmigración tiene un impacto significativo en el mercado de trabajo español, aportando mano de obra en sectores donde la oferta nacional no cubre la demanda. Esta paradoja de necesitar trabajadores extranjeros no residentes, mientras se mantiene un alto índice de desempleo, refleja desajustes estructurales en el mercado laboral. Y mientras no se solucionen con otras medidas, deben ser corregidos con la inmigración.
Sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería y los servicios personales, a menudo se ven en la necesidad de recurrir a trabajadores extranjeros para satisfacer sus necesidades laborales. Sin embargo, esto no queda nunca debidamente reflejado en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que se publica trimestralmente. Este catálogo, que recoge las ocupaciones que permiten solicitar autorizaciones de trabajo, sin el requisito de gestionar previamente una oferta en la oficina de empleo y obtener un certificado de no disponibilidad de candidatos; en lugar de facilitar la contratación en estos sectores, evoluciona muy lentamente frente a las dinámicas cambiantes del mercado laboral. Y esto no es baladí, pues las oficinas de empleo habitualmente dan por buenos a candidatos que no cumplen el perfil requerido por las empresas, cerrando entonces la puerta a la posibilidad de iniciar formalmente la solicitud de la autorización de trabajo para el extranjero que ya ha sido seleccionado.
En paralelo, la misma legislación de extranjería recoge la autorización de residencia por arraigo, que sirve para regularizar a los extranjeros que llevan en nuestro país un mínimo de tres años en situación irregular y tienen una oferta de trabajo.
Así, mientras puede parecer que se incentiva la inmigración irregular, generando expectativas a los extranjeros que vienen sin una oferta de trabajo, se ponen obstáculos a la llegada ordenada de la mano de obra necesaria para la economía española.
En conclusión, mientras que España se beneficia indudablemente de la incorporación de trabajadores extranjeros a su mercado laboral, el proceso actual para obtener autorizaciones de trabajo iniciales es víctima de una burocracia excesiva que impide a muchas empresas acceder a la mano de obra que necesitan. Es imperativo simplificar y agilizar estos procesos, alineándolos más estrechamente con las necesidades reales del mercado laboral y con la agilidad demostrada en la tramitación de permisos para categorías de trabajadores considerados estratégicos. Solo así se podrá aprovechar plenamente el potencial que la inmigración ofrece a la economía española.
Sergi Baró Graduado Social. Asesor del Área de Extranjería.
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