Tras lo que parece el fin del cripto invierno iniciado a finales de 2021, el boom experimentado por Bitcoin estos últimos meses, rompiendo valores históricos de cotización antes de su inminente halving previsto para abril, reabre el debate acerca de las criptomonedas y vuelve captar el interés por parte de los inversores.
¿Qué ha cambiado respecto al último momento álgido vivido en 2021? Lo cierto es que en estos últimos tiempos las administraciones han puesto el pie en el acelerador en lo que a regulación del sector se refiere.
Dentro del marco europeo se aprobó el pasado abril de 2023, por parte del Parlamento Europeo, el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que tiene como objetivo proporcionar un marco regulatorio claro que brinde confianza a las empresas del sector y establezca normas para prevenir abusos y cuya entrada en aplicación en España está prevista para diciembre de 2025.
En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han avanzado en la supervisión y el cumplimiento de las normativas relacionadas con los cripto activos, así como la creación de un registro de operadores de monedas virtuales. Por su parte la Agencia Tributaria ha desplegado nuevas obligaciones de información (modelos 172, 173 y 721) que permitirán recabar más información sobre las transacciones realizadas en el sector.
Por lo que se refiere a los contribuyentes, lo cierto es que en muchos casos cumplir escrupulosamente con la regulación existente y con las nuevas obligaciones de información puede llegar a suponer para muchos una auténtica odisea en la que, el análisis coste beneficio, sugiere a más de uno a no cumplir con las mismas.
En efecto, aún son muchas las carencias de información que presentan las plataformas de gestión y/o tenencia de cripto activos, por lo que el esfuerzo de un inversor promedio para obtener datos fiables sobre sus saldos, transacciones, ganancias o pérdidas, para cumplimentar el modelo 721 o la declaración de renta y patrimonio supone una inversión de tiempo y recursos considerable.
Es necesario pues que, conocedora de la problemática, la Administración realice un esfuerzo en simplificar las obligaciones de información en relación con la tenencia de monedas virtuales, máxime si lo que se pretende es aflorar unos activos que, tradicionalmente, se han mantenido fuera del radar de la Administración. Así, por ejemplo, el formato, contenido y presentación del modelo 721 lo convierte en una auténtica carrera de obstáculos para el contribuyente que ha llevado a más de uno a mover sus activos a hacia otras formas de custodia que escapan al ámbito de declaración del modelo y por tanto fuera del control administrativo.
Mientras tanto, no cabe sino recomendar a los tenedores de cripto activos operar con plataformas registradas en España, ya que al menos las mismas suelen facilitar la información necesaria para cumplir con el fisco.
Xavier Vilalta, director del Departamento Fiscal de ETL ILIA y miembro de ETL GLOBAL