Proyecto de Ley sobre jornada laboral, registro horario y derecho a la desconexión
La norma inicia, de esta manera, su tramitación parlamentaria para que la jornada máxima legal sea de 37,5 horas semanales en cómputo anual tras más de cuatro décadas de vigencia de la establecida actualmente, de 40 horas semanales. Esta reducción permitirá que espacios ahora de trabajo reviertan en la vida tras una indudable evolución tecnológica y económica en nuestro país.
Esta ley también se justifica por la oportunidad de adaptar la normativa laboral a las nuevas realidades y formas de organización que han demostrado la viabilidad y beneficios asociados a las jornadas laborales más reducidas.
La medida es, además, fundamental en términos de seguridad y salud en el trabajo, ya que contribuirá a reducir la carga física y mental que, a su vez, redunda en una disminución del estrés laboral y la fatiga, aumentar la productividad y reducir el riesgo de sufrir accidentes de trabajo. Las jornadas laborales prolongadas provocaron, en el mundo, 745.000 defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en el año 2016, una cifra un 29% superior a la del año 2000.
La nueva norma pivota sobre un registro de jornada fiable e interoperable, instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo y, en consecuencia, el derecho al descanso efectivo y a erradicar las horas extraordinarias no ajustadas a derecho.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que el proyecto «cambia la vida de la gente» y contribuye a la conciliación de los ámbitos laboral y familiar. Además, ha enmarcado la iniciativa en la modernización del mundo del trabajo que el Ejecutivo ha acometido en los últimos 5 años, de la mano del diálogo social. Yolanda Díaz ha resaltado la firma de más de 20 grandes acuerdos durante ese período, así como la cifra récord de ocupación que ha logrado España, con casi 21,6 millones de asalariados y asalariadas.
«El Gobierno ha cumplido, con el presidente a la cabeza, y ahora tiene que hablar la soberanía popular», ha afirmado la vicepresidenta. Yolanda Díaz ha añadido que la tramitación parlamentaria del proyecto va a permitir conocer la postura de cada formación política y ha abogado por «abrir una gran conversación ciudadana» sobre esta materia.
Primera reducción de la jornada laboral desde 1983
La norma establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales (la actual, vigente desde el año 1983, es de 40 horas).
«No trabajamos en España como en el año 83, afortunadamente, el mundo ha cambiado y mucho», ha dicho Yolanda Díaz, quien ha subrayado que numerosos colectivos ya disfrutan de una jornada laboral de 37,5 horas o menos. De hecho, en promedio, el nuevo máximo implica una reducción de la jornada de 48 minutos a la semana.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. ‘ Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez
La ministra de Trabajo y Economía Social ha argumentado, igualmente, que la productividad ha crecido en España un 53% mientras que la remuneración real de los asalariados solo ha aumentado un 22%.
12,5 millones de beneficiarios
La reforma, según ha detallado la vicepresidenta segunda, beneficia a 12,5 millones de personas trabajadoras, de las que 10,5 millones lo son a tiempo completo y 2 millones a tiempo parcial. Entre los trabajadores a tiempo completo, el 60,5% de los beneficiarios son hombres, mientras que en el caso del trabajo a tiempo parcial el 75,3% de quienes verían reducida su jornada laboral son mujeres.
Por sectores, más de la mitad de los beneficiarios de la reducción se encuadran en cuatro sectores: comercio, industria manufacturera, hostelería y construcción. La vicepresidenta segunda ha apuntado que precisamente en esos ámbitos los márgenes empresariales han crecido por encima de la media en los últimos años. En la hostelería, por ejemplo, los márgenes han aumentado un 105% desde el año 2009 y un 35% desde 2019.
Por comunidades autónomas, el mayor número de beneficiarios de la reducción de la jornada corresponde a Cataluña, Madrid y Andalucía, que suman más de 6 millones de trabajadores, seguidas por Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias.
Por otra parte, se garantiza de manera más efectiva el derecho a la desconexión, para evitar que pueda exigirse el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados, respetando el derecho al descanso y a la propia intimidad de las personas trabajadoras.
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