Sobre la necesidad de pactos de Estado ante el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones
Pasan los años y las legislaturas, pero seguimos sin meterle mano definitivamente a este asunto, que nos ha situado en una especie de encrucijada generadora de diferencias inaceptables entre Comunidades Autónomas y que debería saldarse, en mi opinión, con una armonización en un único sentido: o bonificación plena en Patrimonio, y en Sucesiones y Donaciones para transmisiones entre familiares, o en su caso la simple y llana supresión de los referidos Impuestos.
Todo esto, debería sustentarse en un pacto de Estado, dado el interés general de la materia, para que la regulación que se adopte, lo sea de forma consensuada, y permanezca estable e inalterable de forma innegociable. Que se convierta en una de las señas de identidad de nuestra política económica y fiscal. Todo ello sin complejos, sin prejuicios y sin condicionantes ideológicos. Todo por y para el beneficio de nuestro país, de todo, en su conjunto. No podemos depender ni de coyunturas económicas, ni de qué partido esté en el gobierno. Porque esto no es cuestión de ser de derechas o de izquierdas, esto es política de estado; se trata de potenciar los grandes activos de un gran país, un país en el que todo el mundo quiere vivir e invertir pero en el que mucha gente no puede hacerlo por el absurdo interés de pretender gravar grandes fortunas ya sobradamente tributadas por los conceptos impositivos que gravan la obtención de renta.
Unos, lo querrán justificar, porque no es de justicia que se vuelva a gravar a través de estos mecanismos lo que ya las familias han tributado suficientemente para generarlo, para crearlo, para consolidarlo. Y otros, por la indiscutible y perentoria necesidad que tenemos de consolidar nuestra política fiscal y ponerla al servicio de nuestra economía, nuestra estrategia de crecimiento, nuestra sostenibilidad y nuestras políticas sociales.
Me da igual que me da lo mismo. Si queremos crecer, ser sostenibles, financiar nuestras pensiones, y crecer socialmente, claramente habrá que recaudar más, pero hagámoslo de forma amigable y pragmática. Desde luego, no lo vamos a hacer a través de ese humo estéril del impuesto a los ricos. Los ricos que están no se quedarán, se irán, y tampoco vendrán, con lo que no habrá recaudación. Esto no es más que un gesto a la galería por un puñado de votos. Por cierto, los mal llamados ricos, son en su mayoría, grandes emprendedores, creadores de riqueza y de empleo, y que han estado picando piedra durante años para crear valor añadido, pero no sólo para su familia, también para muchas otras, y para el país en general.
España, paraíso natural donde todo el mundo quiere vivir, al amparo de nuestro clima privilegiado, nuestro estatus europeo y nuestra seguridad jurídica, requiere que de una vez por todas eliminemos aquellas limitaciones que están impidiendo que perdamos inversión extranjera, que muchas veces pretende llevar aparejada cambios de residencia a nuestra querida tierra de grandes patrimonios, emprendedores, empresarios, enamorados de nuestro territorio y que no se pueden permitir quedarse aquí de forma permanente, muy a su pesar, por mor de estos gravámenes. Pero no sólo es que perdamos inversión exterior, es que también terminamos perdiendo inversión interior porque nuestros grandes patrimonios se mudan, y además, pueden hacerlo, bien cerquita.
En esto, como en muchas otras cuestiones fundamentales, Portugal, con su gobierno de izquierdas, nos ha adelantado por la derecha, con políticas fiscales pragmáticas, certeras, seguras y estables, con una finalidad clara, el crecimiento social y económico de su país, de forma armónica, sin dobleces ni guerras partidistas.
Y es que con la eliminación de facto o de derecho, de estos dos Impuestos, recaudaríamos infinitamente más, vía tributación Indirecta (IVA, IGIC, ITPAJD), y directa (IRPF e Impuesto sobre Sociedades), y nuestros gobiernos, del signo que sean, contarían con muchos más recursos para trabajar en nuestro crecimiento social y económico. En los dos, juntos, de la mano, como debe ser.
Madrid lo ha hecho desde hace tiempo. Canarias lo ha hecho a medias, un paso adelante y otro hacia atrás, Andalucía ha copiado a Madrid. Agravios entre Comunidades Autónomas, que no deberían producirse en un país como el nuestro, y que además penden del hilo de la sempiternamente anunciada armonización estatal de las normativas reguladoras. En definitiva, más indefinición, inseguridad, y falta de estabilidad. Terminamos, como en muchas ocasiones, por no ser confiables.
¿Entonces?, ¿qué hacemos?, ¿abrimos el melón?, ¿resolvemos esto o dejamos que el tren pase definitivamente, otra vez?
