Las demandas fiscales de la empresa familiar: incentivos, armonización y claridad
Directivos y empresarios reivindican la contribución de este tipo de sociedades a la economía española, por lo que piden pasar página a la política de alzas fiscales y exigen una «mirada a largo plazo» para reforzar su competitividad.
Las fuertes diferencias entre autonomías y los nuevos impuestos que ha creado el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos -como Grandes Fortunas y el recargo al plástico- generan una profunda inquietud en las empresas familiares. A estos desafíos, se suman peticiones históricas -como la supresión del impuesto de Patrimonio, que en la UE sólo existe en España; o que las leyes que regulan las bonificaciones sean más claras, para evitar dudas en su aplicación- o la falta de incentivos que estimulen la inversión en I+D o ganar tamaño. Todos estos puntos se abordaron en un foro que organizó EXPANSIÓN y la asesora ETL GLOBAL en la redacción de este periódico en Barcelona.
«Veo casos de emprendedores que se van a vivir a Lisboa en la fase inicial de su negocio, cuando huelen que les va a ir bien», expuso el cofundador del fondo Encomenda VC y la aceleradora y plataforma de creación de start up Nucleo, Carlos Blanco. En su opinión, hay demasiadas diferencias entre los 26 países de la UE y entre las 17 comunidades autónomas, por lo que pidió una mayor armonización.
Más allá de los contrastes territoriales, el asesor fiscal y socio del grupo ETL GLOBAL Joan Pons comparó la fiscalidad de las empresas familiares con «el abrazo del oso». La suma de IRPF y Patrimonio supone, en su opinión, una carga demasiada elevada para el empresario, «pese a que la Constitución establece que la política fiscal no puede tener un carácter confiscatorio». Este diagnóstico se agraba con el Impuesto a las Grandes Fortunas, que se aplicará en un principio entre 2022 y 2023, y que ha supuesto un nuevo foco de incerditumbre.
Inseguridad tributaria
«Cada vez hay una mayor carga administrativa que una multinacional puede afrontar, pero no las pymes», expuso el experto. «La inseguridad no sólo se limita a la normativa, sino también a las propias administraciones tributarias; una inspección por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña o de su homóloga balear no tienen nada que ver», agregó Amadeu Jori, presidente de Jori Armengol & Asociados, correduría de seguros fundada en 1892 en Barcelona por su bisabuelo.
Según Joan, las empresas «no pueden hacer previsiones» hasta que el Tribunal Constitucional falle a favor o en contra de los recursos que ha admitido a trámite sobre el Impuesto a las Grandes Fortunas. En primer lugar, este fiscalista consideró que hay una controversia formal por haber «introducido una nueva figura impositiva a través de una proposición de ley».
El reto de crecer
Otra cuestión pendiente es la ausencia de incentivos para las empresas familiares crezcan en tamaño. No existen «ni a nivel estatal ni autonómico», en palabras de Jori. Según resaltó, es una cuestión muy importante, puesto que «el problema de la empresa familiar española es su tamaño». Sus homólogas de Alemania «son cuatro veces más grandes, lo que conlleva una mayor productividad, más talento, y también salarios más altos; se necesitan intentivos para acelerar su crecimiento», dijo.
Por esta razón, «todo lo que sea restar recursos a las empresas familiares es condenarlas a una trayectoria difícil», señaló Joan, en alusión a las últimas alzas impositivas anunciadas por el Gobierno. En vez de subir la presión fiscal, este experto vio necesario recuperar la deducción por las reinversiones, que ahora sólo se limita al I+D.
Jaume Alsina, que desde el pasado verano preside la Asociación Catalana de la Empresa Familiar (Ascef), consideró que los poderes públicos deberían facilitar que las empresas familiares «sigan invirtiendo en un contexto de competitividad global».
Hubo un consenso unánime entre los participantes en el foro fue en señalar que pese a las deducciones existentes, la presión fiscal de las empresas familares es excesivamente alta, lo que afecta a su competitividad y también a su viabilidad. «Es de los pocos países que aplica Patrimonio, y además, Sucesiones y Donaciones es de los más altos de la UE», señaló Roger Regales, director financiero de Grupo Viko Digital Marketing.
Precisamente, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) asegura que en 2022 la presión fiscal llegó a máximos históricos, y que se situó en el 42% del PIB, por encima de la media de la UE para 2021 (41,7%, el último año del que se disponen de datos). Ante esta circunstancia, «las personas con patrimonio visible tienen que estructurarlo casi de forma forzada como compañía, pero no siempre todas las actividades pueden regirse de esta forma», destacó Regales.
Nuevo paradigma
Para Alsina, lo que ha quedado claro con las últimas subidas impositivas es que a las empresas deberían ser consideradas como «socios» a la hora de definir la política tributaria. Sin embargo, lo que está ocurriendo es lo contrario, pese a su destacado peso. En total, hay más de un 1,1 millones de empresas familiares, el 90% del total, que generan el 60% del PIB privado y el 70% del empleo privado. «Son el motor de la economía del país y, si se frena, la sociedad se viene abajo», por lo que se necesita una «mirada a largo plazo» en vez de trabas, concluyó Joan. En este punto, Regales vio prioritario incrementar su productividad.
