El TS plantea una cuestión prejudicial al TJUE sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos
Esa norma legal española estuvo vigente desde 2013 a 2018. En la resolución de remisión, de la que es ponente el magistrado Dimitry Berberoff Ayuda, se explica que el Tribunal Supremo debe resolver varios recursos de casación en los que subyace la negativa de la Agencia Tributaria a devolver los ingresos tributarios derivados del tramo autonómico del IEH, frente a quienes afirman haber soportado esa carga económica, que consideran contraria al Derecho de la Unión Europea.
Precisa la consulta al Tribunal de Luxemburgo que, en algunos de esos recursos, -como en el que se plantea la cuestión prejudicial- la devolución de ingresos indebidos se solicitó por los obligados tributarios repercutidos (generalmente, las gasolineras) pero, en otros, esa devolución se instó ante la Agencia Tributaria por terceros ajenos a la relación jurídica tributaria, es decir, por los adquirentes del carburante, quienes -sostienen- haber soportado esa carga tributaria a través de un incremento del precio.
En todos estos casos, la controversia jurídica consiste en determinar si los tipos autonómicos del IEH resultaban contrarios al Derecho de la Unión, aspecto al que se contrae la cuestión prejudicial, por cuanto el Tribunal Supremo aprecia, que la interpretación de la Directiva no resulta con tanta evidencia como para no dejar lugar a ninguna duda razonable, conforme a la jurisprudencia del TJUE sobre el acto claro.
En ese caso se había producido la repercusión fiscal del tributo, por lo que el Tribunal Supremo habrá de resolver en la sentencia que, en su día, ponga fin a la controversia si, a efectos de la devolución, los obligados tributarios a quienes se repercutió el tributo deben demostrar -y, en su caso, de qué manera-, que no trasladaron esa carga fiscal, vía precio, al adquirente del carburante, para evitar que la devolución del tributo comporte un enriquecimiento sin causa por su parte.
La cuestión prejudicial es un mecanismo de cooperación entre el TJUE y los jueces nacionales cuando a éstos se le susciten dudas en torno a la interpretación de los Tratados o sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión; consulta que, en el caso del Tribunal Supremo, resulta obligado someter al TJUE, a tenor del art 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que su decisión no es susceptible de ulterior recurso.
Ver Auto del Tribunal Supremo 15 de noviembre de 2022, rca 1560/2021
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