¿Hacia la fiscalidad del metaverso?

Hace unas semanas tuve el privilegio de formar parte de una mesa redonda organizada por una importante asociación de empresas de IT en la que debatimos sobre los efectos jurídicos del metaverso.

En ese debate surgieron apasionantes interacciones entre lo divino y lo humano, una brillante exposición de las infinitas posibilidades que este nuevo mundo tiene capacidad de brindar, las ingentes oportunidades que podía generar no tan solo para los distintos operadores con fin de lucro sino para los propios destinatarios finales…

Sin embargo, a medida que las expectativas de inmortalidad de la personalidad virtual en ese entorno o los nuevos parámetros de seguridad y ciberseguridad se iban desgranando, en mi cabeza bullía, supongo por mi formación o deformación profesional, el engranaje que, desde un punto de vista jurídico, tributario para molestia de más de uno, debía tarde o temprano aflorar como orden al caos.

Partamos de una premisa inicial para ordenar mi argumentario. A mi modo de ver, este nuevo mundo imparable y que ha venido para quedarse puede plantearse bajo distintas formas, cada una de las cuales tiene su propia naturaleza.

Puede plantearse como un nuevo canal de distribución, de modo que las empresas tienen ante sí una eficiente vía de acercamiento a sus potenciales clientes. Es para mí una extensión de lo que importantes grupos del Retail ya están explorando fuera del metaverso, como la posibilidad de experimentar un virtual fitting de los productos en catálogo para, de nuevo en el mundo real, proceder a su compra y evitar así tensionar la cadena de aprovisionamiento por la distorsión que generan las devoluciones.

Otro planteamiento partiría de considerarlo como base para la implementación de nuevos modelos de negocio hasta ahora poco experimentados en el mundo real, como la posibilidad de que futuros médicos lleven a cabo sus cirugías tradicionales o experimentales sin el riesgo de lastimar o perder una vida. Igual que en el caso anterior, supondría un avance más en técnicas que con asombro he podido observar en alguno de mis clientes, como la posibilidad de modelizar la mejor forma de aplicación de stends coronarios a través de simulaciones en realidad virtual extrema.

O, como parece apuntar la mayoría de los expertos, podría suponer el establecimiento de una auténtica “vida paralela” en el mundo virtual donde ser aquello que quizá en la realidad material no se ha logrado o simplemente por convenciones establecidas no se ha osado.

Este último punto resulta el profesionalmente más excitante y un reto para hacerlo posible. Ya desde la Roma clásica, afrontar los desafíos derivados de una situación innovadora se ha articulado conjugando las variables de Sociedad, Derecho y Tributos.

En este caso, no hay duda que la Sociedad ha identificado el reto y está no solo interesada sino que ya está dando sus primeros pasos en ese mundo virtual.

Asimismo, el derecho (entendido aquí como actuación política y seguridad en las relaciones) ha empezado a tomar cartas en el asunto hacia el incipiente establecimiento de un marco de seguridad jurídica en esas relaciones virtuales tendente a minimizar las tropelías que por nuestra propia condición humana podrían llegar a producirse.

Llegados a ese punto, surge la gran cuestión, ¿Qué pasa con los tributos?

El rasgo esencialmente distintivo de un juego y la realidad (virtual o no) estriba en la asunción de que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Esa es la diferencia entre los dos modelos que anteriormente planteaba, y que tienden a recordarnos aquel intento al final fallido de acercarnos a estos nuevos mundos (y a mi entender injustamente denostada por algunos) como fue Second Life, y el gran reto que estamos empezando a abordar.

Y es que si realmente hablamos de una realidad virtual paralela que permitirá a nuestros avatares actuar como si de otros “yo” se tratara, cada una de sus actuaciones en ese nuevo entorno deberán tener sus correspondientes consecuencias.

Así, si decido comprar un magnífico piso en la virtual calle Serrano y, como no puede ser de otro modo, lo pago con mis criptomonedas, lo mínimo que exigiré es que pueda acreditarse ante el resto de avatares que ese inmueble era propiedad del ente virtual que me lo transmitió, que ningún otro avatar tenga algún tipo de derecho o carga sobre el mismo o que tras adquirirlo pueda acreditar mi propiedad ante el resto de avatares que pudieran estar pujando también sobre el mismo. ¿Parece sencillo y proporcionado no?

O que cuando circule de una virto-ciudad a mi virto-residencia de verano lo haga por una calzada en condiciones óptimas que no ponga en peligro ni la integridad del virto-deportivo que conduzco ni obviamente la de mi avatar… aunque si por desgracia eso sucediera supongo que también demandaría una virto-instalación sanitaria que reparara los daños (disculpen, no me cabe en la cabeza aquí el concepto de heridas) que un eventual accidente hubiera causado en mi avatar. Espero no haber escandalizado a ningun tekkie con lo que para mí es solo una obviedad.

En definitiva, simples ejemplos que ponen en valor lo que en el mundo real se denomina el “adecuado sostenimiento a las cargas públicas”. Y es que todo lo que demando en esos supuestos fantasiosos tiene un coste, un coste de estructura o arquitectura (debe existir una organización debidamente codificada para garantizar el buen orden jurídico de cualquier transacción), un coste de gestión (debe dotarse de recursos virtualmente humanos para su continuo control) y un coste de recursos (debe proveerse de fondos para contrarrestar el buen oficio tanto de los arquitectos como de los controladores).

Por ello, si la finalidad última del metaverso es la creación de un nuevo sistema social que provea de realidades virtuales a su población, el establecimiento de un sistema tributario justo y equitativo que permita dotar de consecuencias a las actuaciones que puedan llevarse a cabo es la única opción para evitar que, de nuevo, nuestros congéneres no caigan en la ilusión pasajera de una moda equiparable a cualquiera de los juegos que nuestros hijos puedan estar experimentando en sus consolas.

Mariano Roca. Socio-Abogado. Derecho Fiscal. 

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